Concluye el año y lejos de atemperarse la conflictividad de las relaciones políticas, ésta parece ir in crescendo. Hay un ambiente de crispación y polarización que dificulta puntos de encuentro entre los actores de la vida pública nacional. Los prejuicios se han instalado en prácticamente todos los espacios de convivencia y tratar de acercar posiciones, encontrar algún punto de acuerdo o entendimiento es tarea imposible. En el ámbito interno, economía y política experimentan rendimientos decrecientes –en el sentido de que los intercambios entre los actores sociales no agregan valor a lo público-; en las relaciones con el exterior, la renegociación del tratado comercial arroja más dudas e incertidumbres sobre el futuro de un mecanismo que ha salvado al país en estos años. Si acaso, la política social, a la que se destina cuantiosos recursos y llega a más de 30 millones de beneficiarios, y las remesas, que pese a todo siguen siendo un gigantesco balón de oxígeno para millones de mexicanos, se han convertido en los amortiguadores de mayores problemas en el país.
Los datos oficiales más recientes, dan cuenta de las dificultades del aparato productivo para crecer. Apenas se está recuperando el nivel del PIB que se tenía en 2018, y las perspectivas de crecimiento para el cierre del año indican que en el mejor de los casos apenas rondará medio punto porcentual. La deuda ha crecido de manera acelerada, y la festejada inversión extranjera no da cuenta de la llegada de nuevos capitales, sino de una reinversión. Los datos de INEGI y Banco de México advierten la debilidad de la economía y la dinámica del aparato productivo parece encaminarse hacia un estancamiento desestabilizador. Por supuesto que nadie desea ver materializado este horizonte sombrío, pero también es necesario hacer esfuerzos y buscar algunas convergencias mínimas entre actores económicos, políticos y sociales que frenen esta deriva en la que todos salimos perdiendo.
En el campo de la política, las cosas tampoco parecen marchar muy bien. Se requiere una pedagogía política democrática, que asuma y respete el derecho al disenso, y no opte por el expediente de la descalificación. El discurso que acusa de (ultra)derechista a todo aquel que expresa su desacuerdo con las posiciones gubernamentales, en nada ayuda crear un ambiente propicio para el diálogo y para acercar posiciones. En estas condiciones los llamados a la unidad suenan huecos, y mucho se ganaría si se reconsiderara esta política.
En este campo no hay mucho que presumir; por el contrario, hay signos preocupantes de intolerancia que no hacen sino enrarecer más el ambiente. El trato a los productores agrícolas, a los campesinos, a quienes se acusa de estar manipulados por la derecha, de tener “motivaciones políticas”, o las descalificaciones hacia la marcha de mediados de mes en la Ciudad de México y en otras ciudades de país, requieren de un talante distinto: entender que en el caso de los productores son varios años de abandono del campo que pone en riesgo creciente la seguridad alimentaria; en el caso de los jóvenes de la llamada Generación Z, la convicción de que el futuro ya no es lo que era, y que, como se ha dicho recientemente, antes era un lugar de promesa y hoy es un lugar de miedo. Hablar, dialogar, acercar posiciones, dar razones, argumentos, esta son las palabras de orden del momento. Y corresponde al poder hacerlas suyas. No hacerlo así es encaminarse por el peligroso sendero de la recesión democrática, de la intolerancia como método para la solución de controversias. Ahí perdemos todos.
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