Carlos Calderón Viedas
El proceso electoral que los mexicanos hemos vivido este año, sí que no ha tenido parangón con los que antes se habían realizado. En su parte preparatoria, durante las campañas y el día de la votación, dejaba la impresión de que iban a ser unas elecciones competidas, a pesar de que la mayoría de las proyecciones daban el triunfo a la candidata oficial. Los resultados de la votación confirmaron los vaticinios de las casas encuestadoras con una ventaja que ni en el mismo gobierno esperaba.
No creo que sea ajeno para quienes dedicaron parte de su tiempo a observar el desarrollo de la contienda, que el actor sobresaliente de la jornada fue el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador. De muchas maneras hacía sentir su presencia en cada etapa del proceso, incluso mucho antes de que comenzara formalmente lo que de facto marcó su inicio. Hecho incontrastable que permite sostener con sobradas evidencias que acabamos de pasar por una elección de Estado.
Entonces hablamos de una elección que no respetó las reglas de la equidad, neutralidad, el principio de libertad y, por lo tanto, no fue una competencia democrática entre opciones partidistas, sino un “trámite” que había que correr para cumplir con la formalidad, pero, sobre todo, para ocultar la fuerza del Estado a favor de su candidata. Es justamente el segundo aspecto el que pondrá una marca imborrable al gobierno que resulte de este proceso democrático fallido, el de serlo ilegitimo de origen. Sin embargo, la ilegitimidad no es un baldón que le quite el sueño a buena parte de los profesionales de la política. Y en cuanto a la ilegalidad prohijada por el poco respeto que Obrador ha mostrado a las leyes, compartido por sus cófrades, acuerdos más, acuerdos menos, subsanarán esas anomalías.
No veo posible que algún factor inesperado modifique las expectativas de López Obrador, tampoco que recuentos y correcciones de votos en el INE o en el Tribunal Electoral vayan a ofrecer una realidad distinta a la que dejó el 2 de junio, que no es sino la recarga de energía de los que ahora detentan el poder para continuar lo que Obrador se propuso cuando tomó el gobierno en 2018, cambiar el régimen con que se ha conducido el país por más de medio siglo, no muy diferente al que habíamos tenido casi todo el siglo XX.
Si bien los cambios en las formas de gobierno no hay que rechazarlos a priori, debemos estar atentos sobre los tipos de cambios que Obrador prefiere. En este punto no es necesario especular puesto que son del dominio del público ilustrado. En algunos números de Politeia hemos abordado el tema, por lo que ahora solamente puntualizaremos actitudes, políticas y obras que bosquejan lo que Obrador pretende -hablo en tiempo presente porque en septiembre próximo dará el último jalón a los proyectos de ley con que pretende, todavía como presidente, modificar renglones cruciales del régimen político mexicano-. Independientemente de cómo le salgan las cosas, sabe que el horizonte de su mandato se ha ampliado otros seis años.
El sentido de los cambios estructurales que propone Obrador apunta hacia un gobierno con un poder ejecutivo fuerte, a tener un dominio más concentrado, sin contrapesos institucionales que representen obstáculos a los proyectos presidenciales, a tener más fuerza de decisión para imponer las iniciativas que el ejecutivo proponga, eliminando los órganos autónomos existentes con facultades para regular los actos de gobierno, en fin, toda una serie de cambios que allanen el camino a las decisiones presidenciales con el fin de incrementar el poder de mando a niveles comparables a los de regímenes autoritarios o dictatoriales.
¿Dónde estábamos, en qué pensábamos, que ya tenemos ese peligro encima y no pudimos darnos cuenta, menos detenerlo? No tengo una salida autocomplaciente, pero la realidad amenazante sobre México es muy parecida a la de otros países de la época, fenómeno que no cuenta con nombre propio y que por asociación de ideas se le llama populismo, enfermedad política contagiosa sobre todo en esas partes de la sociedad que sí tiene nombre y se conoce como pueblo.
Todas las naciones de la tierra tienen pueblo y la gran mayoría territorio propio, por ende, todas son susceptibles de ser contagiadas. Y no importa tamaño, lugar o estado de desarrollo, al virus populista no lo detienen fronteras, aunque tampoco es irrefrenable. Llegó a Estados Unidos y contagió a Donald Trump y lo expandió por la población que lo hizo presidente de su país y sigue vivo aún. Se encuentra en Rusia, tiene más tiempo en Venezuela, azota a Nicaragua, alcanzó a Turquía, anduvo por el Brexit, lleva mucho tiempo en Cuba y, por rasgos idiosincráticos de cada pueblo, le gusta rondar por América Latina, incluido México, por supuesto.
El populismo que llega a cada lugar opera de modo distinto aunque con similares fines, enaltecer a la nación, asegurar el territorio, honrar historias y héroes locales, fortalecer las identidades de cada sitio, marcar raya con respecto al mundo global y otras más que el pueblo celebre con gusto.
Hace algunos años algunos amigos conversábamos entre veras y bromas de la trialéctica, un mecanismo mental algo más complejo que la respetable dialéctica y su espíritu crítico, pero que ofrece ciertas ventajas ante una situación dada. La dialéctica te lleva a un punto, la trialéctica te enseña a vivir en ese punto. La dialéctica es camino, la trialéctica es llegada…el fin del camino…de la historia.
Dicen que una imagen dice más que mil palabras, no lo sé, pero tomo como apoyo el viejo dicho. Imaginen un triángulo equilátero en el que cada vértice representa la libertad, la democracia y la justicia. Suponga que los países llegaron al final de la ruta, ¿qué harían las sociedades tipo occidental?, buscarían la forma más acorde con el triángulo de tal suerte que los tres vértices desempeñaran activamente su función, ¿qué harían los gobiernos populistas?, lo mismo que hicieron los marxistas y socialistas de cualquier apellido, truncarían los vértices de la libertad y la democracia y los sustituirían con los aparatos del Estado. Gente más seria y preparada llega a las mismas conclusiones, yo lo hago únicamente con un fin didáctico.
Los valores de la libertad y la democracia nunca han sido justipreciados en México como lo ha sido el de la justicia. Ahora sí que Obrador no puede presumir originalidad ni en esto. El PRI afincó su largo poder en lo que llamó justicia social, lema repetido por otras organizaciones políticas. El Morena de Obrador es un PRI renacido sobre lo peor de la historia de ese partido. Concediendo que no fuera así, el desdén por la libertad y la falta de respeto a los valores de la democracia lo revelan como un partido arcaico que llegó al poder en el momento más inoportuno para México.
Septiembre Negro
Se anuncia para septiembre agregar a los trabajos legislativos de las nuevas cámaras del Congreso de la Unión el famoso Plan C de López Obrador, que ya había sufrido las consecuencias de no contar con la mayoría calificada, condición que no se repetirá en el Congreso entrante. El Plan C, de aprobarse, serían los últimos clavos que Obrador quiere poner sobre el ataúd del sistema político republicano con equilibrios de poderes que hemos tenido. La democracia populista a todo lo que da, entregar a los políticos el control del Poder Judicial, el INE y demás órganos autónomos que tanto molestan a Obrador, mediante el voto popular promovido por Morena y aliados.
La candidata triunfadora ha sido muy clara en varias ocasiones sobre continuar la transformación que Obrador inició, se ha mostrado dispuesta a continuar las políticas de su protector no sabemos hasta qué punto o si acaso pueda. Nunca ha dicho una sola palabra sobre enmendar algo que Obrador haya hecho mal. En su momento señaló que está a favor del Plan C, lo cual significa que México continuará en la ruta destructiva que Obrador marcó.
Conclusiones
El regresivo intento de politizar la impartición de la justicia y desaparecer del Estado las representaciones de la sociedad civil en la discusión y regulaciones normativas en asuntos de interés público y privado que han dado cuenta de ser instancias calificadas y eficaces, es una regresión a modelos de decisión obligadamente politizados por los canales en que se procesan esos temas y en consecuencia sesgados hacia intereses ajenos al beneficio social.
Obrador se opuso a que la sociedad participara en las deliberaciones de asuntos que considera absolutamente de interés público, aunque su materia fuera de cualquier índole. Según él, el Estado sí se puede meter hasta la cocina de las familias con el gasto social, pero a los ciudadanos solo les compete la vida privada y sus negocios particulares, y en cuanto a lo público, se les constriñe a los días de votación.
Los cambios a la ley que Obrador pretende se lleven a cabo en septiembre, derivan de los rechazos que sufrió en los momentos de aprobar sus iniciativas que requerían la mayoría calificada. No piensa modificar las facultades sustantivas de juzgados y de la corte, sino cambiar los procedimientos con que son nombrados jueces y magistrados, exponerlos al juicio popular como forma de presión en sus funciones o de apoyo si tienen aspiraciones. Echarlos en manos de la plebe controlada por los partidos políticos, ¿y las leyes?
Así mismo, quiere reducir los diputados plurinominales y con ello hacer más difícil la pluralidad de representaciones en las cámaras. Se alega que ya no son necesarios, pero ni en el Congreso sobran elementos, ni en el Ejecutivo faltan. En todo caso, si es un problema mantener el Congreso en su composición actual, que no lo es, menos es un problema de la democracia.
El gobierno de López Obrador es un caso idóneo para revisar los problemas de la democracia. Recurramos de nuevo a la figura del triángulo para representar el desencanto con la democracia cuyos vértices ahora indican la corrupción y la impunidad, la pobreza y la desigualdad, y la delincuencia y la violencia, tres aspectos que fueron nota diaria en el gobierno de Obrador. Tres problemas de doble cara que al mismo tiempo ubican al gobierno, la sociedad desigual y el crimen organizado, ninguno de los tres alienta los espíritus democráticos, lo cual no significa en automático votar o abstenerse. No es ajeno a México los vínculos de la delincuencia con actores electorales, tampoco lo es la gleba de pobres utilizada por los partidos para actos y votaciones, y pocos pueden negar las anchas avenidas para que la corrupción promueva el voto a su gusto.
Procesos electorales corrompidos alumbran gobiernos corruptos. Se podría pensar que a veces aparecen ciertos personajes que se imponen a los procesos, las actuaciones y el carisma de los actores estelares pueden hacer creer que se imponen y se impondrán en el gobierno si ganan, error, no se imponen, encabezan el proceso y volvemos al inicio del párrafo.
Se me olvidaba mencionar el nombre de la candidata triunfadora, es Claudia Sheinbaum Pardo, seguramente próxima presidente de México. Me pregunto si tendrá su quinazo, es decir, ¿buscará obtener la legitimidad que no alcanzó en el proceso electoral en participo?