DEBATE
Sergio Alberto Cervantes
Este año electoral de 2024 ha sido declarado por el Instituto Nacional de Elecciones (INE) como el más grande de la historia de todos los procesos electorales. La magnitud de los puestos de elección popular que están en juego, así como la encrucijada a la que se somete al votante, donde se le pide elegir entre Escila y Caribdis, corroboran lo que señalan todos los expertos. El 2 de junio deben salir a votar 99 millones 84 mil 189 mexicanos, los cuales tendrán que elegir a un presidente de la república, 128 senadores, 500 diputados federales, ocho gobernadores, una jefa/e de gobierno en la Ciudad de México, los diputados de todos los congresos locales, los alcaldes de todos los municipios y todos los miembros del cabildo que los acompañarán. Se habla de más de 19 mil cargos que tendrán la responsabilidad de gobernar un país que lucha por consolidarse como un Estado democrático, legalista, progresista y humanista.
Las gubernaturas que están en disputa son Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. De los 128 escaños del senado, 64 son por mayoría relativa, 32 por representación proporcional y otros 32 por primera minoría. De los 500 diputados, 300 serán por mayoría relativa y 200 por representación profesional. Todo esto significa una renovación total de dos de los tres poderes de la Unión, algo sin precedentes en la historia del país porque nunca se había hecho de forma simultánea. Puede darse el caso de una intención del voto arrolladora que empareje la elección del titular del ejecutivo con la de los miembros de las dos cámaras del Congreso, de tal manera que quien resulte presidente de la república se vea acompañado por una gran mayoría de correligionarios tanto en la cámara de diputados como en la de senadores. Si esto sucediera, provocaría un terremoto político de consecuencias incalculables, de ahí, entonces, la suma importancia de las elecciones que ya están en puerta este 2024.
Nuevo tsunami político
En la elección por la presidencia de la república, el triunfo de Claudia Sheinbaum será contundente e inobjetable. El caudal de votos que acumule será de proporciones bíblicas y romperá el record de López Obrador en el proceso del 2018. Fuentes confiables estiman que Claudia podría superar fácilmente los 40 millones de votos, porque se ve muy difícil que a solo un mes del día de la elección disminuya su intención del voto que ronda el 57%. La ventaja que sacaría Claudia al final de la contienda sería de un 22% con respecto de la candidata perdedora, por lo que sus probabilidades de ganar alcanzan la apabullante cifra de 98%, quedándose los otros dos contendientes, Gálvez y Máynez, con el 2% y el 0.1 % de ganar, respectivamente.
Esta tendencia ya irreversible a favor de Claudia traerá consigo otro efecto tsunami en las elecciones estatales. En la Ciudad de México que gobierna Martí Batres, quien tiene un 50.6% de aprobación ciudadana, la candidata de su partido Morena, Clara Brugada, cuenta con una intención del voto del 53% ; en Chiapas, el gobernador morenista Rutilio Escandón cuenta con el 50.6% de aprobación y el candidato Eduardo Ramírez Aguilar, de este mismo partido, posee el 60% de aprobación del votante; en Morelos, el gobernador morenista Cuauhtémoc Blanco tiene el 30.3% de aprobación, pero ello no impide que los votantes se inclinen por la candidata de su mismo partido, Margarita González, quien cuenta con 49% de la intención del voto; en Puebla, el gobernador Sergio Salomón Céspedes, de Morena, presenta un 52.8 % de aprobación y el candidato de su partido Alejandro Armenta, lidera las preferencias con el 60%; en Tabasco, gobernado por Carlos Manuel Merino, de Morena, su gobierno tiene una aprobación de 52.9%, y el candidato de su mismo partido, Javier May, alcanza el 59% de los votos; Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz por Morena, posee una aprobación del 53.2%, mientras que la candidata de su partido, Rocío Nahle, solo alcanza el 53% de intención del voto; en los siguientes tres estados en los que habrá elecciones ya no gobierna Morena, por lo que sus candidatos pierden la ventaja con respecto a sus contrincantes. En Guanajuato, por ejemplo, gobierna el PAN en la figura de Diego Sinhué Rodríguez (53.6% de aprobación) y la candidata panista Libia Dennise encabeza el 51% de la intención del voto; en Jalisco gobierna Enrique Alfaro (MC) avalado por el 54.2 de los electores, y su correligionario Pablo Lemus, lleva ventaja con el 47% de las preferencias; Mauricio Vila (PAN) Yucatán, 61.3 de aprobación, el más alto de todos los gobernadores, tiene como candidata de su partido a Renán Barrera, quien, con el 47% de aprobación, a duras penas saca una ventaja de tres puntos con respecto de su más cercano perseguidor, el candidato de Morena.
Si estas tendencias se mantienen, Morena estaría gobernando tres cuartas partes del territorio nacional, algo sin precedentes desde la época más hegemónica del PRI. A las 21 entidades federativas que ya gobierna podría sumársele estas seis en donde las preferencias le favorecen, lo que daría la cantidad de 27 estados de la república mexicana gobernados por Morena, quedando solo un puñado irrisorio para la oposición. Si por lógica damos por hecho que junto con los gobernadores se votarán también las propuestas de Morena para el senado y la cámara de diputados, Morena podrá alcanzar y rebasar los 60 senadores y 161 diputados de mayoría relativa que actualmente posee.
Democracia o dictadura
La concentración de poder alcanzada por el partido guinda en este proceso electoral de 2024, puede tentarlo a gobernar sin ningún contrapeso y tomar decisiones que a muchos parecerían un abuso de la democracia, pero que a los propios morenistas les parecería como una obediencia a un mandato popular expresado de manera tan arrolladora en las urnas. Existen muchas iniciativas de reformas que todavía no se ejecutan y contra las cuales se ha pronunciado airadamente la oposición por considerarlas sumamente lesivas al régimen democrático y el equilibrio de poder; estamos pensando en la propuesta de elegir a los miembros del Supremo Tribunal de Justicia de la nación mediante voto popular, así como la modificación de la estructura del INE y la elección de sus directivos también por voto popular. Ya no hablamos de la tendencia de dar un mayor protagonismo a las fuerzas armadas como cuerpo policial o como actor económico-empresarial, adquiriendo en esa materia más concesiones que las que ya tienen del Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Una suprema corte dominada completamente por Morena significaría un ejercicio del poder presidencial sin restricciones, bajo el argumento de que ha sido facultado por el pueblo para tomar medidas que vayan en beneficio de las amplias mayorías de la nación así como de los grupos vulnerables. Desde la lógica gubernamental del partido en el poder, de ninguna manera se estaría actuando antidemocráticamente ni vulnerando el Estado de derecho al desconocer los reclamos de la oposición, sino que más bien se estaría despojando de privilegios atávicos a ciertos grupos o sectores de la población cuyos beneficios habían acentuado un sistema de injusticia y desigualdad social infamantes. Afectaciones a empresas mineras, a concesionarios del uso del agua, a banqueros administradores de Afores, etc., no son para Morena medidas antidemocráticas ni violatorias de la legalidad; son, en todo caso, rupturas de enclaves de los conservadores, como los llama el presidente, que con estos mecanismos de revisión constitucional de las leyes buscaban ralentizar los cambios que se proponían para beneficio de la población más desfavorecida históricamente.
Las reformas constitucionales en materia electoral y de existencia de organismos autónomos son otra forma, dice la oposición, de vulnerar la democracia y de encaminar a este régimen a una autocracia. Ambas medidas, dice el gobierno por su parte, solo buscan adelgazar el aparato burocrático de estas dependencias y eliminar la doble función con el fin de hacer más expeditas las resoluciones y de evitar un sobrecargo en las finanzas públicas. En relación con el INE, desaparecerían, por ejemplo, los tribunales locales, y el número de consejeros del INE pasaría de once a siete, con una duración de seis años en vez de nueve, y todos electos por votación popular. Dicha reforma afectaría también la integración de ambas cámaras del Congreso de la Unión y la cantidad de subsidio gubernamental que reciben los partidos políticos. De 128 senadores se pasaría a 64 y de 500 diputados a 300; los partidos políticos recibirían solo la mitad de las prerrogativas que perciben anualmente.
Otros organismos autónomos también son materia de reformas que implican controversia. El partido en el poder espera recibir un amplio mandato popular a través de una votación copiosa para llevar a cabo cambios que desaparezcan o debiliten sustancialmente las atribuciones que hasta el momento gozan tres organismos autónomos: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Alega el gobierno que estas dependencias se han convertido en tapaderas de intereses creados y que no han cumplido cabalmente con las funciones para las que fueron diseñados, y que son un desperdicio de presupuesto; que hay otras instancias que pueden cumplir con esas tareas encomendadas y que aquí, en términos generales, hay duplicidad de funciones. La oposición teme que con estas medidas de reforma haya una mayor opacidad gubernamental, un menor escrutinio público y rendición de cuentas, nulas garantías de una competencia económica libre y pareja y que finalmente solo se estimule lo que vulgarmente se conoce como un “capitalismo de cuates”.
Recuento final
A pesar de que en su último debate Xóchitl Gálvez mejoró sustancialmente con respecto del anterior y no cometió casi ninguna pifia, eso no le va a alcanzar para evitar una derrota largamente anunciada en todas las encuestas. Su debilidad descansó en una carencia de identidad ideológica como candidata de la derecha, pues se dedicó a replicar las propuestas que el partido en el poder y su candidata ya ofrecían a la ciudadanía. Su mensaje no fue claro en lo que respecta al combate a la corrupción, lo cual implicaba deslindarse totalmente del presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, epítome de actos de corrupción al más alto nivel. Ella misma fue abandonada por los presidentes de los partidos que la postularon, no les importó su suerte y solo buscaron beneficios para sus más allegados en las elecciones regionales y en las curules para integrar el Congreso. Estamos en vísperas de un holocausto político para la oposición que implicará desintegración de partidos y cacicazgos regionales de todo tipo. A la espera de un milagro, la oposición reza porque sus bonos suban en Veracruz, Morelos y Ciudad de México, y con ello contener un poco su estrepitosa derrota. No se ven indicios claros y contundentes de que eso vaya a suceder, aunque hay que reconocer de que sí representan una posibilidad.
Claudia Sheinbaum tiene ante sí un reto enorme que va más allá del estribillo de la continuidad. A pesar de los avances del gobierno de su compañero de partido, presidente Andrés Manuel López Obrador, quedó mucho por hacer en materia de justicia laboral, educación superior, combate a la corrupción, expulsión de los grupos fácticos de los procesos político-electorales, contención de la violencia y los homicidios dolosos, disminución de la pobreza extrema y acceso de calidad a los servicios de salud pública. Como presidenta tendrá que conformar un equipo a partes iguales de hombres y mujeres capaces, bien formados e instruidos, que sin servilismos ni abyecciones le ayuden a desplegar todas las propuestas que ha venido compartiendo en cada uno de sus debates. México ocupa servidores públicos comprometidos con la honestidad, la integridad y la dignidad, que posean un espíritu de servicio al pueblo por sobre todas las cosas, y que vayan más allá de una fidelidad partidista o de una idolatría ciega.
El pueblo de México le dará otra oportunidad al partido gobernante Morena y lo estará observando con lupa. Si sus gobernantes se marean con el poder, se faccionalizan y se dedican únicamente a realizar autoalabanzas, desconociendo las peticiones de participación política de sus propios cuadros y aplicando el mecanismo tan del antiguo régimen conocido como la “aplanadora”, mediante el cual no se veía ni escuchaba a nadie de la oposición, es muy probable que les pase lo que al PAN, que solo alcanzó a gobernar dos periodos consecutivos. Para inaugurar una era política que realmente haga historia (en cualquier país) se requiere gobernar mucho más allá de este plazo, y eso solo se consigue tomando en cuenta a todos y siendo muy serios y muy profesionales. 10 por ciento de fidelidad, 90 por ciento de capacidad. Para lograr eso, Claudia tendrá que invertir la fórmula.P