Aarón Sánchez
Gran polémica está causando la posible desaparición en México de los Organismos Constitucionales Autónomos. El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, se ha referido a ellos como inservibles, facciosos, onerosos y antipopulares. Por ello, insiste en eliminarlos de la Administración Pública Federal. Sin duda alguna, en el México de hoy se hace necesario someter a escrutinio el desempeño que éstos han tenido, y clarificar si su existencia sigue siendo viable o no.
Es muy común que en México cada administración de gobierno construya nuevas instituciones públicas para tratar de solucionar objetivos muy específicos. Pero estas se eternizan en el presupuesto gubernamental, y en rara ocasión se realiza un análisis para determinar si ya se cumplió el propósito de su creación. Es decir, los organismos nacen sin fecha de caducidad, y con el paso del tiempo se tornan infuncionales y se convierten en una carga para las finanzas gubernamentales.
Pero el actual gobierno federal ahora está poniéndo atención a los organismos constitucionales autónomos. Eso es una buena señal que pretende aligerar la estructura administrativa federal y dar mejor uso a los recursos públicos. Es importante distinguir que existen organismos autónomos y organismos constitucionales autónomos. Algunos de los primeros ya han sido eliminados mediante decreto presidencial. Pero los segundos están inscritos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y solo se pueden eliminar cuando la Cámara de Diputados realice reformas a la Carta Magna. Para hacerlo necesita tener la aprobación de al menos dos terceras partes de los diputados.
Ello significa que AMLO no puede eliminar por voluntad a los Organismos Constitucionales Autónomos. Actualmente no cuenta con los votos necesarios para hacerlo. Sin embargo, está poniéndo el tema en la mesa, con la expectativa de que en la próxima legislatura pueda lograr la mayoría necesaria para modificar la Constitución. Entonces, en estos momentos, emitir un plan presidencial para desaparecer los OCAs es un objetivo fuera de la realidad. Pero con ello se pretende generar una discusión pública para impactar en el proceso electoral del 2024. La iniciativa presidencial tiene objetivos políticos que poco o nada tienen que ver con el mejoramiento de la administración pública en estos momentos.
Pero es muy positivo que desde el gobierno mismo se someta a discusión la existencia de o no de los OCAs. Pero es importante aclarar que no deben tratarse en paquete, como pretende hacerlo el gobierno federal al desaparecer a todos. Caso por caso, se debe evaluar el desempeño de estos organismos. Porque es un hecho que algunos siguen siendo útiles, pero otros ya no lo son tanto, si es que alguna vez lo fueron.
En la Constitución se reconoce la existencia de de los siguientes OCAs: Sistema Nacional de Información Estadística y geográfica (INEGI), Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Instituto Nacional de de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Fiscalía General de la República (FGR), Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Instituto Nacional Electoral (INE), y Banco de México (BdeM). Adicionalmente, existen múltiples organismos autónomos que están sectorizados a dependencias del gobierno federal.
Hoy que están a discución los OCAs, es oportuno preguntarse ¿por qué surgieron estos organismos? ¿Por qué proliferaron tanto? Algunos especialistan argumentan la necesidad de especialización técnica en la administración pública para atender asuntos muy puntuales. Otros más destacan la necesidad de actuar con total imparcialidad es temas que son especialmente sensibles. Pero el argumento más contundente que explica la existencia de este tipo de organismos, tiene que ver con la pérdida de capacidades y con la falta de legitimidad en las acciones de gobierno. Es decir, los OCAs se crean por la desconfianza ciudadana hacia las decisiones y acciones de gobierno. También por el debilitamiento en las capacidades técnicas de éste.
Ello significa entonces, que se ha preferido aceptar como inevitable el deterioro en las instituciones de gobierno, y tratar de compensar estas deficiencias mediante la creación de nuevas estructuras públicas que sustituyen funciones o duplican a la administración gubernamental. En lugar de corregir el mal, se crean más aparatos burocráticos que tarde o temprano también pasan a formar parte de ese mal que se quiere evitar. Y esta es la situación que ahora prevalece en México.
Por ejemplo, ¿por qué existe el INEGI? Porque ante el descrédito gubernamental ninguna institución de la administración pública federal es capaz de asegurar la credibilidad social en la información estadística nacional. Y en lugar de trabajar para recuperar la confianza ciudadana en el gobierno, se opta por simplemente crear un nuevo organismo cuya credibilidad se ha ido acabando con el tiempo. Se da una salida fácil a un problema de enorme dimensión. El problema de fondo que actualmente tiene la administración pública federal es que nadie cree en lo que hace porque siempre lo hace con algún interés político y la ciudadanía no confía en el gobierno.
Entonces, antes de eliminar los OCAs tiene que ponerse en marcha un proceso de dignificación del gobierno. Éste, como representante de toda la sociedad, tiene que ser merecedor de la conflianza ciudadana. La desaparición de los OCAs tiene que ser consecuencia, no de un capricho presidencial, sino de una estrategia especialmente diseñada para que el ciudadano común y corriente recupere la confiaza en su gobierno.P