César Velázquez Robles
La transición de los viejos regímenes autoritarios y semiautoritarios a la democracia desde los años 80 del siglo pasado, significó en prácticamente todos nuestros países el surgimiento de una nueva institucionalidad caracterizada por la presencia de un sistema de pesos y contrapesos que tuvo como principal virtud una limitación del ejercicio arbitrario del poder político. Las viejas dictaduras militares –señaladamente las del Cono Sur– no fueron capaces de frenar el clamor libertario de la emergencia ciudadana y partidista, y regímenes como el mexicano, se vieron obligados a acompañar el proceso de democratización de la vida pública. Por eso, como he sostenido en otras ocasiones, todo el proceso de construcción de la institucionalidad democrática que se instauró paso a paso en el país, es un patrimonio colectivo que a todos corresponde defender y preservar.
Este proceso global, que marca el tránsito democratizador finisecular y que, con todos sus asegunes, pareció consolidarse en las dos primeras décadas de este siglo, hoy está severamente cuestionado. Lo está en América Latina, pero también lo está en Europa: en la parte occidental la irrupción de la ultraderecha recoge un creciente desencanto ciudadano con lo que conocemos como el Estado del bienestar, y en la parte oriental se han montado regímenes de corte populista-autoritario –Orbán es el mejor ejemplo de ello— que atentan contra un sistema de controles institucionales que debilitan el sistema democrático.
En América Latina, el reciente triunfo del ultraderechista Javier Milei en Argentina empieza a significar ya una ofensiva contra algunas de esas instituciones de la democracia. En otros países de la región, las democracias que surgieron en aquellos años esperanzadores no han alcanzado a experimentar la exuberancia de la juventud y ya parecen haber envejecido. La más reciente encuesta de Latinobarómetro da cuenta del desencanto con la democracia y la creciente simpatía con la que se mira a los gobiernos de mano dura y, en ese contexto, las instituciones que limitan excesos y arbitrariedades del poder no gozan de buena prensa.
En otras palabras: no hemos alcanzado en nuestros países a consolidar una nueva institucionalidad democrática, y esa es una mala noticia para todos. El Estado que empezó a construirse sobre las ruinas que dejaba el autoritarismo, parecía levantarse sobre bases indestructibles: dotado de un amplio respaldo social, respaldado por una sociedad civil plenamente autónoma e independiente, constituida por ciudadanos críticos y exigentes, al margen de las formas paternalistas de control y dominación. En fin, todos los viejos defectos y vicios del pasado quedaban enterrados y sobre ellos florecería una sociedad nueva. Hubo una inflación de expectativas. Se exigió que la democracia resolviera todos nuestros viejos dramas y, al no lograrlo, el malestar se instala en nuestra convivencia colectiva.
Estábamos convencidos de que el viejo Estado tenía que ser sustituido por uno nuevo. Decíamos que la vieja división de poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, era ya insuficiente para expresar la nueva realidad, y que a esa clásica división, debíamos agregar nuevas instituciones para atender la complejidad social. Surge la idea del “Estado relacional”, entendido como “una nueva institución que hereda los aprendizajes del Estado liberal de Derecho y del Estado del bienestar” que se “caracteriza por articular la interrelación social y por los aspectos tangibles que ello comporta (producción y difusión de información, concienciar a la sociedad de sus responsabilidades, fomento de la autorregulación social (e) intermediación entre diferentes actores sociales”.
Esta idea del Estado que emergería del desmantelamiento de los viejos sistema autoritarios, estaba presente en las reflexiones teóricas, en las nuevas prácticas políticas, en las preocupaciones de los partidos y la construcción de los nuevos modelos de gestión pública que se advertían en los proyectos de modernización en nuestros países. En ese contexto y con ese espíritu, empiezan a surgir los organismos constitucionalmente autónomos. Expresaban y condensaban esa nueva naturaleza del Estado, y cumplían funciones para las que el Estado clásico, tradicional, no estaba preparado.
Como era natural, muchos de esos nuevos organismos, dotados de autonomía constitucional y otros de autonomía técnica y de gestión, se integraron con personal altamente especializado, científicos, técnicos, economistas, actuarios, politólogos, abogados, etc., cuyos perfiles respondían precisamente a esa necesidad de atender reclamos sociales que los poderes tradicionales no podían abordar ni resolver con eficiencia. Por supuesto, muchos de los integrantes de eso órganos provenían de las luchas sociales que en los años precedentes habían ocupado posiciones relevantes en sus organizaciones sociales o ciudadanas, en organizaciones no gubernamentales, en el ámbito académico y, en general, en diversas expresiones de eso que llamamos sociedad civil.
(Una digresión algo larga: en el caso mexicano –no tengo mucha idea de lo que haya pasado en otros países de nuestra región— tengo para mí que la “mala conciencia” del poder concedió excesivos privilegios a los integrantes en la mayor parte de los organismos autónomos: salarios, prebendas y canonjías que conformaron una nueva élite que empezó, como la vieja clase política y dirigente, a separarse de las aspiraciones y reclamos de los grupos sociales de donde emergieron. Se produjo en no pocos casos un fenómeno nocivo: la captura de esas instituciones desde dentro. Para no ir muy lejos, el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es revelador de este proceso de descomposición: no solo se captura, sino que se alienta su demolición. Como se trata en varios casos de que los integrantes de estos órganos son profesionales con alto grado de especialización, en efecto, deben ser bien pagados. Sus salarios en el ejercicio de la función pública deben equipararse o acercarse a los que ofrece el mercado. De otro modo, hay una fuga de conocimiento experto. Pero salarios decorosos, dignos, no salarios agraviantes, como los que se en no pocos devengan sus titulares. No comparto, por ejemplo, la machacona idea del presidente López Obrador de que nadie debe ganar más que él –que por cierto su remuneración es muchísimo más alta de lo que dice— pues una de las características de la democracia es que “gente no experta dirige a gente experta”, pero también es penoso que alguno de los beneficiario de esos salarios exorbitantes se ampare para evitar su reducción).
Esos organismos con autonomía constitucional fueron –son todavía— un sólido soporte de un sistema democrático, afianzan un sistema de pesos y contrapesos limitando excesos y arbitrariedades del poder, preservan el Estado de derecho, garantizan políticas de transparencia y rendición de cuentas pero, como se ha dicho, no son una panacea y, como hemos visto lamentablemente en tiempos recientes, se han convertido en la manzana de la discordia, tal como ha ocurrido con los organismos vinculados al desempeño electoral.
Son necesarios para el fortalecimiento del orden democrático. Ciertamente, es necesario hacer una revisión completa de su funcionamiento en estos años, corregir distorsiones que se han presentado, redefinir criterios de integración, reducir salarios excesivos, asegurar su imparcialidad y objetividad. Puede y debe hacerse al margen de prejuicios (pre-juicios), con auténtico espíritu y voluntad democrática que asegure una convivencia civilizada.
No son ni han sido un estorbo. La experiencia histórica es que han sido desde su surgimiento un límite a las arbitrariedades y abusos del poder. Simplemente recordemos las resistencias de Fox a reconocer atribuciones al entonces Instituto de Acceso a la Información Pública.
Concluyo recordando lo que también he dicho en otras ocasiones: los organismos constitucionalmente autónomos no son organizaciones no gubernamentales ni comités de lucha. Son órganos del Estado, forman parte del entramado democrático, son contrapesos necesarios. Defenderlos y preservarlos en la mejor garantía de que podemos seguir viviendo en democracia. P