Al pronunciar esta tarde un mensaje a la comunidad universitaria y a la
sociedad mexicana, el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers,
aseveró que con determinación y libertad, “respetando siempre las
normas que nos rigen”, la UNAM estudia las distintas alternativas, y las
consecuencias, que pudieran darse como resultado de acciones
sancionadoras adicionales.
Ante el Cuerpo Directivo de la Universidad y en transmisión abierta, el
rector dijo que la UNAM es el sitio donde debe prevalecer siempre la
cultura de la legalidad, y anticipó que no actuará de manera apresurada
ni irresponsable ante presiones externas para hacer juicios sumarios.
A continuación el texto íntegro del mensaje:
Universitarias y universitarios:
Les agradezco a quienes están aquí —y a quienes nos acompañan a
distancia—, estar presentes y poder aclarar, ante ustedes y ante la
sociedad, algunas dudas, inquietudes y pasos a seguir sobre el doloroso
tema de las tesis que ha ocupado la atención de la comunidad
universitaria, de los medios y del público en general.
Todas y todos conocen el Dictamen Técnico del Comité de Integridad
Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón
—publicado el 11 de enero de este año—, el cual, después de un
meticuloso cotejo de los textos en cuestión y del análisis de la documentación aportada por las personas involucradas, concluyó que
existe una copia sustancial en la tesis que presentó en 1987, como parte
integral de los requisitos para su recepción profesional y expedición del
título correspondiente, la entonces alumna de esa entidad académica,
Yasmín Esquivel Mossa.
La falta de integridad académica que representa lo anterior no solo es
inadmisible, sino que ha lastimado severamente a la UNAM y a las
decenas de miles de estudiantes, académicos, tutores de tesis y
egresados que empeñan y han empeñado un inmenso esfuerzo en
cumplir a cabalidad, con ética y rigor académico, con este requisito.
El plagio de una tesis no es cosa menor; es una conducta reprobable,
una usurpación de ideas y talentos. Es un acto que pone en entredicho
la ética y la moral de quien lo comete, y ofende a quienes se esmeran
en cumplir con este requisito académico.
Por eso, al conocer del dictamen del Comité de la FES Aragón, solicité,
en mi calidad de Rector, la opinión calificada de la Oficina de la
Abogacía General, a fin de saber si la normatividad universitaria vigente
permite retirar o anular un título profesional a un egresado por estos
motivos.
La opinión fue que la Universidad Nacional y sus autoridades carecen
de facultades legales para ello.
Con esta opinión coincidieron las personas titulares de las Direcciones
de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas,
así como voces autorizadas de distinguidos eméritos de ambas
entidades académicas.
Con el paso de los días, sin embargo, el debate público se ha
diversificado y multiplicado.
Hemos podido leer y escuchar todo tipo de comentarios y de opiniones,
dentro y fuera de la Universidad. Algunas son coincidentes y otras
difieren en cuanto a la aplicabilidad de nuestra normatividad.
En la Universidad Nacional siempre se ha fomentado la discusión de las
ideas y se da cabida a todas las voces para ser escuchadas. Es el lugar
donde las y los universitarios nos expresamos libremente y de manera
plural, vehemente y respetuosa.
Pero también es el sitio donde debe prevalecer, en todo momento, la
cultura de la legalidad y de la verdad.
Es sobre ellas en donde debemos construir lo que nos permita prevenir
y sancionar, con certidumbre, la violación de los valores universitarios,
contenidos en el código de ética de nuestra casa de estudios.
Quiero informarles que en este sentido, en las dos semanas desde el
regreso a nuestras actividades, se han dado ya los primeros pasos:
- El colegio de Directores de Escuelas y Facultades y la
Coordinación General de Estudios de Posgrado aprobaron que
todas las tesis escritas, antes de pasar a los sínodos y jurados,
deberán ser analizadas con los implementos tecnológicos
específicos.
Para este fin, se han puesto a disposición ciento cincuenta
licencias. - La Comisión de Legislación Universitaria fue convocada para
conocer del caso y proponer las reformas que deben realizarse a
nuestra normatividad con la finalidad de corregir los vacíos legales
que tenemos en la actualidad. - La FES Aragón de la Universidad Nacional ha rescindido el
contrato de la maestra que fungió como asesora de ambas tesis
e integrante de los jurados de los entonces alumnos de la Facultad
de Derecho y de la FES Aragón. - Asimismo, se ha continuado el rastreo de la plataforma
TESIUNAM para determinar si existen más casos como los ya
mencionados, conocer su dimensión y, de ser el caso, actuar en
consecuencia.
Comprendo que nada de lo anterior redime la indignación que sentimos
ante un caso que, como el que nos ocupa, pueda quedar impune y solo
con el desprestigio profesional y social derivado de los debates que en
torno a él se han suscitado.
Es por ello que debemos ser sensibles, reflexionar y dar cauce
adecuado a las expresiones y propuestas que surgen de la comunidad.
La Rectoría, depositada en mi persona, de ninguna manera evade su
responsabilidad.
Mi actuar no es tampoco producto de postergaciones, timidez, temor o
encubrimientos.
Actúo —y así lo seguiré haciendo— en el marco de la legislación
universitaria. No puedo, ni debo ir más allá de lo que la normativa nos
permite.
Sé muy bien que el prestigio de esta administración y el de nuestra casa
de estudios, están en entredicho; pero no por eso actuaremos en forma
apresurada e irresponsable en respuesta a presiones externas para
hacer juicios sumarios.
En breve estaré convocando al Comité Universitario de Ética que deriva
de la Comisión de Honor del Consejo Universitario para que revise los
dictámenes y documentación del que se allegó el Comité de Integridad
Académica y Científica de la FES Aragón y las evidencias que continúan
surgiendo para su análisis y así dar cabida al debido proceso al que
toda persona tiene derecho.
Con determinación y libertad, y respetando siempre las normas que nos
rigen, simultáneamente estamos estudiando las distintas alternativas y las consecuencias que pudieran darse como resultado de acciones
sancionadoras adicionales.
Cuando el debido proceso haya concluido, convocaré a la Comisión de
Honor del Consejo Universitario para analizar en conjunto las diversas
opciones y acciones que puedan eventualmente llevarse a cabo.
Con la fortaleza de la legalidad y la autonomía plena que ejercemos,
elementos sustanciales de nuestra identidad, tengan la seguridad de
que la UNAM superará este y cualquier otro reto que enfrentemos
defendiendo y consolidando los valores que nos distinguen y que son
motivo de nuestro lema:
“Por mi raza hablará el espíritu”
Muchas gracias por su atención.