ZONA POLITEiA
César Velázquez Robles
Ni siquiera en zonas de guerra, como el “operativo militar especial” que llevan a cabo tropas rusas contra Ucrania, el saldo de un día de guerra ha sido tan siniestro como lo fue en Culiacán y otras partes de Sinaloa este jueves negro 6 de enero de 2023. Apenas se disipan los humos de la pólvora, de los incendios, de la destrucción y muerte desatada, y el saldo es aterrador: una treintena de muertos, más de medio centenar de heridos, entre soldados e integrantes de corporaciones policiacas, una cantidad todavía indeterminada de detenidos, casi tres centenares de vehículos secuestrados, robados e incendiados que se utilizaron para bloquear vialidades y carreteras para impedir la movilización de tropas y fuerzas de seguridad. Fue, para todos los efectos, un día de guerra, un día negro para Culiacán y para todo Sinaloa. Un día triste en nuestra historia. Una mancha más al tigre que da cuenta de una convivencia que muchos quisiéramos civilizada, se ve alterada por la violencia y la barbarie.
Hablaba al principio de un “operativo militar especial”, como eufemísticamente le han llamado los rusos a su descarada agresión contra los ucranianos. En el caso de ayer jueves, fue también un operativo militar especial. Como lo fue el culiacanazo de 2019, con la diferencia de que, ahora, no se hizo a trompatalega, sino con algo de planificación, según puede advertirse por la hora, por el lugar, tratando de controlar los daños y los llamados efectos colaterales que, por lo general, son más lamentables que los efectos y consecuencias directas. En aquella ocasión, esto es, en 2019, todo fue un estruendoso fracaso, sobredimensionado por la decisión de liberar al detenido con el argumento de evitar daños mayores a la población civil e, incluso, se habló de que al liberarlo se había impedido la muerte de al menos 200 personas.
Digamos entonces, que, en efecto, el operativo militar especial pare echar el guante a Ovidio Guzmán, fue exitoso. Bueno, a menos que no nos estén vendiendo gato por liebre, como se empieza a especular en redes dada la ausencia de fotografías claras del detenido. Pero los hechos posteriores a lo acontecido en Jesús María, una localidad ubicada al norte de Culiacán, unos 30 o 40 kilómetros, dan cuenta de una planificación limitada al estricto operativo militar. Las consecuencias y efectos, previsibles por lo demás, no se consideraron, y de ahí la respuesta de los violentos, que puso de nuevo en jaque a las autoridades federales, y a sus corporaciones militares y de seguridad. De inmediato empezaron a ser desbordadas. Las circunstancias los sobrepasaron y su capacidad de respuesta dio cuenta de las serias y graves limitaciones para proteger la seguridad física y patrimonial de cada uno de los ciudadanos, que es la tarea básica de las autoridades.
No es mi propósito hacer un recuento de daños ni sobredimensionar la violencia desatada. De una y otra cosa deben encargarse las autoridades, y lo estamos viendo a través de las redes sociales. De entre la miríada de perspectivas a través de las cuales puede abordarse el fenómeno de ayer jueves, quiero referirme al de la cooperación, tema que ha sido una preocupación del gobierno federal, del presidente López Obrador, de manera más puntual.
En las redes se ha insistido en que el operativo contó con la cooperación de fuerzas estadounidenses. Hay elementos sobrados para esta hipótesis: la detención de Joaquín Guzmán en Mazatlán por efectivos de la Marina, contó con la cooperación decisiva y fundamental de Estados Unidos. Se ha dicho recio y quedito que la detención de Rafael Caro, también fue posible por el trabajo de inteligencia desplegado por corporaciones de aquel país. El presidente López Obrador ha reiterado en estas horas que fue una acción cuyo desarrollo correspondió única y exclusivamente a fuerzas y corporaciones mexicanas, Ejército y Guardia Nacional. Aceptemos que así fue. Pero la cooperación con el exterior es necesaria, y no es ningún desdoro gubernamental reconocerla si es que existió, porque, como dijo un muy alto funcionario del gobierno de Sinaloa hace años, la violencia, el narcotráfico, la delincuencia y el crimen organizado es un fenómeno hemisférico.
Pero hay otra cooperación a la que no se ha hecho referencia, y es la cooperación interna. De esa no se ha dicho ni pío. Y lo más seguro es porque no existió. Veamos: en 2019 al desplegarse el operativo para detener a Ovidio en zona de los Tres Ríos, no se informó ni pidió la cooperación a las autoridades estatales. El gobierno federal actuó por la libre, por su cuenta. Las autoridades estatales no fueron informadas, no se les convocó ni siquiera como invitados de piedra. No fue sino hasta mucho después, cuando los escasos efectivos estatales y municipales entraron en acción, cuando para todo mundo era evidente que el ejército de los violentos había alterado toda nuestra convivencia, tuvieron una presencia simbólica. El gobierno aceptó lo evidente: no fueron tomados en cuenta, no se les convocó. Ciertamente, en ese momento, había razones y motivos: ha habido durante mucho tiempo, una infiltración de todas las corporaciones estatales y municipales, y no pocos mandos, se ha demostrado su vinculación con los violentos. Informar del operativo, entonces, significaba el riesgo de que la operación fracasara, justamente por la existencia de esos vasos comunicantes.
Hoy ocurrió lo mismo. No hubo comunicación ni coordinación entre las instancias federales y el gobierno estatal. ¿Fue por las mismas razones que en 2019? Es posible. Limpiar las corporaciones no es un trabajo que pueda hacerse de la noche a la mañana. La infiltración, la corrupción, ha hecho metástasis y resolver el asunto va más allá de cualquier cirugía, incluso de una cirugía a machetazos.
No quiero extenderme mucho más. Solo diré por lo pronto, que esta decisión de no coordinarse y no apelar a la cooperación de las autoridades estatales, es una prueba más de que nuestro federalismo es un desastre. Nuestro gobernador Rocha Moya, con mucho tiento, insistió en su conferencia de prensa de este viernes que no fueron informados del operativo sino después de que éste se puso en marcha. Es evidente entonces que la desconfianza es el signo de la relación entre el gobierno federal y el gobierno estatal, al menos en lo que se refiere a los asuntos de seguridad pública, seguridad interna y seguridad nacional. El federalismo, que es autonomía y responsabilidad compartida, brilló por su ausencia. A esa cooperación, o a esa ausencia de cooperación, no se ha hecho referencia. Ese sigue siendo otro tema pendiente de nuestra agenda pública.