Nos acercamos al cierre de un año especialmente complicado, el cuarto de una gestión institucional que propuso para el país no solo un cambio de gobierno, sino de régimen, y en el ámbito local un gobierno que ha dado el primer paso de una andadura sexenal en la perspectiva de instaurar en Sinaloa el modelo de la Cuarta Transformación. Uno y otro propósito evidentemente han requerido de consensos amplios que no han debido significar en ningún caso trivialización del disenso, sino, por el contrario, su integración en un proyecto de cambio compartido. Muchas son las experiencias históricas que advierten que, cuando se excluye una parte del conjunto social de lo que debe ser una construcción colectiva, la democracia empieza a languidecer, se asfixia el pluralismo y se cancelan las posibilidades de discutir, en un ambiente de libertades, las expectativas y los proyectos de futuro de la vida comunitaria.
Me temo que la crispación y polarización que ha acompañado la vida política del país en estos tiempos, no contribuye a definir un rumbo claro para México y su inserción estructural en la sociedad global. La sociedad entera necesita encontrar un momento de reposo, procesar unas convergencias mínimas que impidan fracturas o rupturas que han frustrado su desarrollo histórico-lógico. Y ello requiere de todos los actores, pero principalmente de quienes tienen el poder
político, sentido de Estado, condición básica para plantear un proyecto de nación que incluya a todos. Si se actúa con prejuicios –que justamente son eso: prejuicios— se endurece el discurso, se lastima la conversación pública y se perfilan prácticas autoritarias que reducen los espacios de una plena vida
democrática.
En estos días empieza a discutirse la reforma electoral –esto es, la definición de las reglas del juego en la competencia por el poder político–uno de los pendientes de la agenda que el gobierno considera clave para afianzar su proyecto de transformación. Como he comentado en otras ocasiones siguiendo a los clásicos de la teoría política, puede haber disenso en todo, pero tiene que haber un consenso básico, justamente el que se refiere a las reglas del juego. Si no ocurre así, como sucedió en no pocas ocasiones durante el viejo régimen priista, se juega con dados cargados, se desnaturaliza la lucha política y se cierran los caminos democráticos. Es comprensible y explicable que una parte de la izquierda –aquella que se formó en las catacumbas de la política— apoye el propósito de liquidar al árbitro de la contienda electoral, pero esa otra gran corriente que durante años luchó por arrebatar de manos del gobierno el control de los procesos electorales, guarde prudente silencio ante lo que sin duda es un auténtico despropósito antidemocrático, que puede poner en marcha un proceso de regresión autoritaria, con el consecuente daño irreversible, al menos en el corto y mediano plazo, a nuestra convivencia.
Y ya que hago referencia a despropósitos, no hay sino que lamentar propuestas como la que hemos conocido en estos días de crear en el municipio de Badiraguato un museo del narco. Propuestas de esta naturaleza, formuladas desde la desmesura, y que no hacen sino revictimizar a quien han sufrido este flagelo, afortunadamente ha encontrado el inmediato rechazo del titular del Ejecutivo estatal.
Sobre Sinaloa se incluyen en este número de POLITEiA que discuten precisamente los resultados de esta andadura en su primer paso sexenal, y que creemos puede contribuir a una discusión sensata, madura y racional, sobre los caminos de Sinaloa. Espero que su lectura suscite nuevas reflexiones, con la certeza de que encontrarán en esta revista espacios para su divulgación.
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