Política, Poder Público y Partidos Políticos ¡Desfasados!
Por mandato constitucional los tres poderes de la Unión están obligados a velar por la democracia y el bienestar del pueblo. No obstruirla, porque atropella los derechos civiles. Y a las instituciones fortalecerlas para procurar la estabilidad política y social. La confrontación entre poderes y la manipulación y amenazas contra la población que protesta por los efectos nocivos de las políticas públicas fallidas y perniciosas del gobierno, cabe deducir, los derechos humanos y el orden social están en un riesgoso quebranto.
Hoy mismo, la democracia electoral se desenvuelve en un cisma nunca previsto. Y la democracia social, que está en el campo del gobierno, está quedando mucho a deber. Y en esa confrontación política e ineficacia del gobierno, la población, olvidada y atenazada a dictados autoritarios, está en la incertidumbre. Es necesario rebuscar, entre errores y aciertos, la recomposición y defensa de los entes constitucionales autónomos que protejan, sin titubeos a la sociedad civil. Y la profesionalización de ellos, adicionándoles a su estructura honestidad y vocación democrática.
Política Turbia y Turbulencia Social
La profesionalidad de la política ha cobrado relevancia en los últimos tiempos. Porque la modernidad, el desarrollo del mundo del trabajo y su especialización, el avance de la democracia representativa en sociedades cada vez menos segmentadas, hace urgente su arribo y operación. El impulso que se le brinde a las diferentes instituciones en el proceso de expansión de la democracia representativa, debe prohijar un escenario en la que priven las máximas weberianas: “Vivir para ella” y “Vivir de ella”. Es decir, construirla sin egoísmo… y
gozarla con generosidad.
Por eso es urgente lograr que los políticos se especialicen. Porque la creación de instancias supranacionales –organismos internacionales que están por encima de los gobiernos que así lo demandan: ONU, Banco Mundial, entre otras–, requieren ser más competitivos y mejores en la gestión institucional. Por ello, y por necesidad, la profesionalización de la política debe ser un proceso imparable y
progresivo que entienda y sepa convivir con el mundo global, diverso y disputado en que nos desenvolvemos.
La sociedad civil, y los que la representan, deben estar preparados para dirigir las instituciones constitucionales autónomas e independientes con el fin de coadyuvar en el buen ejercicio de gobierno y exigir claridad de las políticas públicas en defensa de la ciudadanía. Son instancias civiles que deben dar explicación social a la realidad política en qué vivimos, independientemente de la opinión o concepto que de ella tenga el Estado, y el gobierno en particular. Las instituciones funcionan en la medida en que existen individuos, y por eso son fundadas para desempeñar determinadas labores culturales, científicas, políticas o sociales. Incluso, financieras. Son organizaciones civiles no gubernamentales que coadyuvan con el Estado y benefician a la población.
Cosa que no sucede en el régimen actual, que las desprecia. En el gobierno predomina la improvisación, la falta de oficio y experiencia política y la incapacidad administrativa y profesional requerida, y peor, una vocación
democrática a toda prueba. La idea es que el político, a lo largo de todo el proceso pueda capitalizar y progresar en su andadura y culminar lo más satisfactoriamente posible para beneficiar a quienes representan. Pero muchas veces sus intereses culminan en satisfacer sus intereses personales o de grupo. Los hay desde los egoístas en búsqueda de una sensible mejora en su situación económica, mientras que otros, buscan dar por cumplida y a satisfacción su vocación inicial altruista de servicio y compromiso social.
Pero con mucha frecuencia nos encontramos a políticos que asumen un carácter hedonista, que busca el placer como finalidad de vida, incluso megalómanos, con ideas de grandeza que goza en mentir, manipular y exagerar en sus capacidades y logros. La libreta de resabios y los signos de venganza contra opositores y contra quien no le sea fiel o interfiera en sus propósitos, es conocida por los radicales.
De ahí, el mayor número de despidos o renuncias en el actual gobierno por un franco antagonismo entre radicales y moderados. Un gobierno desmembrado, auspiciado por el mismo presidente.
Gobierno de Contradicciones
Es reconocido que un buen gobierno se caracteriza por sus acciones concretas en el mejoramiento de la justicia, la lucha contra la corrupción, la observancia de los derechos humanos, el apoyo adecuado al medio ambiente y la protección a la ciudadanía. Un gobierno se caracteriza por la manera que se estructura el poder político para ejercer su autoridad en el Estado, coordinando todas las instituciones que lo forman, y precisa con eficiencia, utilizar los mecanismos de regulación que le son característicos. Pero lo más significativo de un buen gobierno: transparencia y responsabilidad. Contar con información organizada,
disponible y oportuna, incluyendo la situación financiera, desempeño y gobierno y la sociedad, a la que se debe. Sobre todo, si manifiesta ser demócrata.
Pero el colofón de un gobierno democrático, tomando en cuenta lo anterior, debe ofrecer las siguientes características: fomentar el pluralismo y el sistema político–electoral. Que se celebren elecciones auténticas y se respeta el principio de mayoría. Y si revisamos ese manual de obligaciones, veremos que, desde la integración del gobierno de López Obrador, con leales y radicales contra moderados, fue una mala manera para estructurar el poder político y ejercer su autoridad en el Estado mexicano. Sus colaboradores, ajenos o disimulados con su responsabilidad se han echado a cuestas buscar, primero, el reconocimiento y el
aprecio personal de AMLO, y no el beneplácito del presidente por su eficaz comportamiento.
Buscan sólo la vía para nuevas oportunidades políticas o de gabinete, que cumplir con eficiencia el encargo. Por eso, desde apenas a medio año de su gobierno las destituciones y renuncias forzadas por inconformidad o incompetencia de cómo se lleva el gobierno, dan señales de su desintegración orgánica e ineficiencia
administrativa.
Los leales y radicales saben que la 4T de AMLO, tiene prioridades nefastas con las instituciones civiles que siente le entorpecen en su aspiración para mantenerse en el poder, a “como de lugar”. Y los moderados, escondiendo la vergüenza, prefieren renunciar. Pero la narrativa de radicalización de López Obrador es notoria y recurrente. Asume una actitud autoritaria y absolutista e impone sus dictados e iniciativas a base de presiones y amenazas contra sus poderes pares, el Legislativo y el Judicial. Actitud contraria a los dictados constitucionales que observa en relación a la división de poderes y la protección constitucional a las instituciones autónomas e independientes.
Su idea es mantener o desechar en el gabinete a las personas que asuman fidelidad y compromiso con su ideario y con los postulados del movimiento que encabeza. No tanto con Morena, sino con él mismo. Así, con tantos despidos y denuncias sólo se está quedando con sus ineficaces funcionarios dispuestos a implantar y mantener su llamada “cuarta transformación”, pero dispuestos a
mantener su lealtad y fidelidad. En esa tendenciosa narrativa nos hace hacer creer que en su 4T está en desarrollo una base ideológica o cuando menos un conjunto de principios que necesitan la población, como si fuera en realidad un movimiento revolucionario. Y tan confiado está de contar con el apoyo de una mayoría
social, ha radicalizado sus acciones y un discurso amenazante contra quienes no la comparte y/o no lo apoya. Y a quien “no lo entiende” ni le es sumiso, lo tilda de traidor.
Pero lo que esgrime en su discurso “doctrinario”, es falso. Su verdadera motivación no es transformadora…Es destructiva. Su doctrina ideológica, no de principios, es una proclama personal que se ciñe a “no mentir, no robar y no traicionar”. Pero resulta que no se ciñe a ese compromiso, sino que se le desnuda por todo lo contrario, generando que la crítica mediática y social lo tenga “molonqueado” por denuncias de engaños, fraude, cohecho y por el mal uso del erario e inflados presupuestos en sus obras insignes. Ejemplos más vívidos son los casos de ilegalidad de su familia. Y la de colaboradores cercanos que lo abandonaron por vergüenza y dignidad. Y los dos grandes mitotes: “El Rey del Cash” y el jaqueo a los
documentos oficiales del Ejército.
Todo ello lo mantiene nervioso y desubicado. Porque cada vez se advierte que su “adoctrinamiento moral”, en realidad, es una falacia. Y si lo considera como temas de su responsabilidad, ha sido un fracaso. Su radicalidad y anhelo de venganza lo ha orillado a perderse en la forma de gobernar. No cuenta con un gabinete apropiado pues exige el noventa por ciento de lealtad, aunque sólo le entreguen el 10 por ciento de capacidad y eficiencia. Así los escogió él. Y ese ha sido el parámetro para seleccionar su gabinete. Así, sus colaboradores y seguidores “radicales” admiten lo que él diga o haga. Pero quien se atreva a cuestionarlo, contradecirlo y disienta de lo que él dice y haga, es un “traidor” a la 4T, y enemigo del presidente.
Y debido a esa radicalidad y caprichosa forma de concebir la realidad es que no ha podido sustentar la existencia de un proyecto ni un programa político de gobierno. Así, el gobierno navega en contradicciones, con eufemismos justificatorios y ofensas contra quien se manifieste inconforme.
Ha sido reacio a ajustar su quehacer y sus políticas públicas a lo que la Constitución le mandata y lo que la ley le exige, y lo hace, para evadir sus responsabilidades y endosar sus errores y fallas a las anteriores administraciones. Pero luego enfiló sus baterías políticas contra quienes no apoyen sus decisiones en políticas públicas y aplauda sus discursos retrógrados.
Partidos Políticos Antidemocráticos e Incongruentes
De acuerdo a la Constitución, los partidos políticos son entidades de interés público; la Ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral: los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales. Y sentencia: “Sólo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libres e individualmente a ellos. Por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación
corporativa”. Así, de una revisión exhaustiva por la forma en que se han integrado los partidos, resulta, que todos, se han constituido de manera sospechosa y en lo oscurito, si no, en franca ilegalidad.
Desde hace mucho, la población se pregunta: ¿Qué tipo de democracia queremos? Y encontramos la definición y el “concepto”, pero se difumina cuando los actores en su ejercicio siguen siendo cuestionados y rechazados, provocando en la ciudadanía una actitud evasiva y contestataria. Y muchos más, asumen desprecio a democracia, al que se suman partidos políticos y candidatos… cuando pierden. Pero si ganan, es robusta y obliga protegerla. La sociedad plural dicta que
en la democracia se debe respetar a los diferentes. Y la ciudadanía decide el tipo de gobierno y representación popular que desea.
El PRI, por décadas, se mantuvo como partido nacional dominante y como titular en el Poder Ejecutivo. Pero ante sus malas prácticas y corruptelas que motivaron
su debilitamiento, el electorado mexicano lo pensó, y se decidió por la alternancia. Y así fue que el PRI dejó de ser, desde 1997, el partido de mayorías absolutas. Y poco más de veinte años después, la real pluralidad democrática se instaló hasta llegar a la alternancia en el año 2000. Pero… dicha alternativa no fue capaz de proteger ni construir un sistema democrático de mayores alcances y beneficios
colectivos. Y su propuesta de instalar en México un nuevo sistema político, que como oposición demandaban, fue un fracaso. Pero el anhelo de cambio persistía a pesar que la alternancia política no la satisfizo.
Desde entonces se recrudecieron las demandas ciudadanas y exigencias por mayor apertura y menos centralismo. Mayor responsabilidad e interés público en la conducción de los partidos y eficacia en los gobiernos. La constante era que la democracia electoral le diera valor real al voto ciudadano y que el financiamiento
público y el ordenamiento electoral fuera equitativo y justo y diera certidumbre
y confianza a la competencia electoral. Tales exigencias persisten, y en estos momentos, son parte de la agenda política nacional, pero con el gobierno en contra.
Ante el atropello de sus derechos, la ciudadanía exige de los partidos políticos
consensos comprometidos, para darse a sí mismos un sistema electoral deseable
de donde surja un pleno país democrático. Pero vemos que cuando las ideologías y los intereses de grupo se desvían y se conducen de manera intransigente, la causa democrática se suspende. Lo que está en juego hoy, más que un juego de redondeo de buenas intenciones, es la resolución conjunta que los actores políticos ofrezcan a la ciudadanía. Se quiera o no, ante el escarceo de “pujas
y subastas”, hay un compromiso común partidario en que no pueden ya dar marcha atrás. Pero hay que ser objetivos y precisos, no sólo los partidos dejan de lado sus democracias internas para elegir sus representantes. En las estructuras de la sociedad civil, también se carece de ella.
La sociedad quiere una democracia fuerte y robusta, pero somos débiles para conquistarla. Pero tampoco hay congruencia para alcanzarla. Y la ciudadanía, abandonada, con datos tangibles, ha dejado de lado su sometimiento al poder y busca que sus decisiones electorales mejoren la vida social. Ya no creen en los partidos. Y estos, se castigan a sí mismos desoyendo al electorado que exige honestidad y buena fama pública a sus representantes y gobernantes. Pero
resulta que, desde el proceso de selección hasta las campañas constitucionales, esconden lo “percudidos” que están. Y eso nos ha llevado a un círculo vicioso: que si bien los partidos postulan personajes cuestionables y a veces indeseables solicitando el voto, los electores, a pesar de que perciben sus imprecisos ofrecimientos, tienden al engaño, se convencen y los encumbran al poder.
Sí. Pero un engañoso que engaña, se desnuda cuando de contabilizar resultados
se trata. De ello hay: desde mediocres resultados y un sinfín de irregularidades administrativas y financieras, hasta claudicación de principios y valores. Pero para la ciudadanía, esta evaluación, es ya demasiado tarde. Lo cierto es, que en estos momentos una conciencia colectiva se sacude y activa y quiere imponer su propia agenda a los partidos políticos y exigir gobernanza, aunque el partido
oficial se oponga. Y la clase política no tiene de otra más que ensamblar sus circunstancias de victoria a la demanda ciudadana.
Porque el rumbo del país no puede ponerse en riesgo apostando al distanciamiento y a la confrontación de la ciudadanía entre sí, y distanciarla y confrontarla con la autoridad. Y menos por contar con instituciones débiles e inoperantes. Tienen que esforzarse los partidos para garantizar los equilibrios
sociales necesarios para la gobernabilidad. Y el “populismo” viene siendo, hasta ahora, el gran detractor de la democracia que es sólo una tendencia utilizada de manera recurrente y perniciosa que le genere la simpatía de las clases populares.
Pero viene la pedrada: “Por experiencia los gobiernos populistas han demostrado
ser altamente ineficientes al no garantizar el bienestar que proponían durante las campañas electorales”. Es decir, que los buenos gobiernos no son tema de ideologías, pero sí tienen en la Constitución los principios básicos de dónde abrevar.
El INE: Expropiado por el Gobierno
Creía innecesario el llamado de “blindar” las instituciones, cuando nos ufanamos
vivir en un Estado de Derecho, en el que la ley imperaba en nuestras conductas.
Que los poderes se regían por el ordenamiento constitucional y que la división
de poderes era de respeto e independencia entre ellos mismos, por ser autónomos. Y porque queríamos creer que vivimos en un proceso de equilibrio constitucional y no de confrontación política. Siempre ha sido correcto y justo revisar la operación y funcionamiento de las instituciones constitucionales
autónomas, y repasar por igual, las leyes que las regulan. El cambio en las reglas
electorales ha sido una constante desde que se inició el proceso de competencia democrática en México. Va una cronología de las diferentes reformas al sistema electoral mexicano.
En la primera reforma de 1977, se estableció un nuevo sistema de representación
con carácter mixto (mayoría y proporcionalidad) y amplió el sistema de partidos, para darle voz a las minorías. Sin embargo, fue hasta 1996 cuando se logran cambios fundamentales: la fundación del IFE, como institución electoral autónoma e independiente del Estado, que ha sido medular para garantizar elecciones libres, limpias y creíbles. El beneplácito político fue general. Ya en la de 2007, una aportación significativa de esta reforma fue que los partidos políticos tuvieran
acceso a medios de comunicación y al financiamiento público. En la reforma de 2014, el Instituto Federal Electoral (IFE) fue sustituido por el Instituto Nacional Electoral (INE). Un órgano electoral siempre custodio de los derechos ciudadanos y el cumplimiento de la ley, por parte de partidos políticos y candidatos. Pero, sobre todo, al margen de los intereses y presiones del gobierno.
Desde el interés oficial de las reformas electorales, quienes ejercían la política y
un numeroso sector ciudadano se cuestionaba: “¿Cómo tener una democracia de
más calidad, con mejores condiciones para participar, con mayor equidad, con mejores espacios de libertad y un mayor nivel de representación”? Y las reformas se acomodaron. Pero hoy, el gobierno de AMLO hace una propuesta de reforma político-electoral que genera dudas e interrogantes, por los peligros de un regreso al autoritarismo y la antidemocracia. En dicha iniciativa presidencial sobre la reforma electoral, no existe una convicción por fortalecer la democracia.
Muy al contrario: las modificaciones planteadas pueden representar un peligro para la estabilidad política y una amenaza a la gobernabilidad que se ha logrado.
Socavar la democracia, es un signo de autoritarismo y de un insano y enfermizo
control político. El gobierno busca espacios para introducir su poder de control. Lo mismo buscan y hacen los partidos políticos. Pero lo que el país requiere es contar con una vía civilizada para competir por el poder. Sobre todo, que garantice los derechos ciudadanos. Y la propuesta de AMLO es regresiva: quiere expropiar al INE y hacer un “monigote” electoral: al Tribunal Electoral
lo quiere integrar a un área del Poder Judicial. Y al INE, a la secretaría de Gobernación. Como en los años setenta, en que la Comisión Federal Electoral (CFE) la representaba el Secretario de Gobernación, y la validez de las elecciones, se realizaba a través de un “Colegio Electoral”, integrado por legisladores del Congreso de la Unión. AMLO trata de controlar el proceso electoral de 2024 y
extender su dominio, con un agregado más: contar con el apoyo de la Guardia Nacional vigilando las casillas electorales, “protegiendo” y revisando el proceso y atemorizando a los votantes.
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