Hasta donde el endeudamiento nos alcance
ECONOMÍA
César M. Valenzuela Espinoza
El rasgo distintivo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2024, es que corresponde a la culminación del Gobierno Federal 2018-2024, además de incorporar compromisos de un gasto deficitario que trasciende el ejercicio fiscal y compromete al próximo gobierno a asumir la culminación de proyectos, la mayoría emblemáticos para la presente administración.
A continuación, se presentan rasgos generales del PPEF 2024 mediante una división en apartados para facilitar la comprensión de tan extenso documento. En principio, hay que destacar los montos y proporciones de las principales partidas presupuestales de acuerdo a los datos contenidos en la información proporcionada por la SHCP.
El conjunto de proyectos que el gobierno federal presenta al Congreso de la Unión para definir la política hacendaria, ingresos y egresos para el próximo año, mejor conocido como “Paquete económico 2024”, se integra por los Criterios Generales de Política Económica (CGPE), para 2024, La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2024 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, y sus correspondientes anexos. Buena parte de los CGPE se resumen en Tabla 1.
Tabla 1. Principales variables macroeconómicas 2023-2024
Fuente: Criterios Generales de Política Económica 2024, SHCP.
Al observar el contenido del Paquete económico 2024, destaca el déficit fiscal de 1.92 billones de pesos para 2024, derivado de que el gasto neto total de 9.22 billones de pesos, es superior a la proyección de ingresos totales, que son 7.3 billones de pesos, lo cual contrasta en forma drástica con el discurso del Ejecutivo Federal durante casi 5 años, sobre la disciplina fiscal de las finanzas públicas, que es una característica de las políticas económicas de estabilización (mejor conocidas como neoliberales). Éstas, como se sabe, consisten en un conjunto de normas y principios que orientan la gestión de las finanzas públicas, con el fin de mantener un equilibrio entre los ingresos y los gastos del gobierno, así como un nivel de deuda pública sostenible, buscando garantizar la estabilidad macroeconómica, el crecimiento económico y el desarrollo social.
En cuanto a la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2024, por su amplitud y detalle, requiere del análisis por separado, pero se puede adelantar, que el gasto neto total supera los ingresos totales en 19.2%, lo que implica déficit y conlleva a endeudarse por 1.74 billones de pesos, por lo cual, sigue siendo impostergable una reforma fiscal que amplíe la base tributaria y mejore la eficiencia recaudatoria. Para mayor claridad al respecto, conviene analizar el déficit fiscal.
Cabe agregar, el mensaje enviado el 29/X/2023, por el ex secretario de Hacienda y Crédito Publico, Arturo Herrera: “Para la provisión de los servicios públicos (educación, agua, etc.) los gobiernos necesitan tener recursos suficientes; Francia y Dinamarca que tienen educación gratuita y acceso a la salud sin costo, recaudan cerca del 45% del PIB; el promedio de América Latina es del 17%.”
Déficit fiscal y deuda pública
El déficit fiscal se ha incrementado en los últimos años, pasando de -1.6% del PIB en 2019 a -2.9% en 2020 y 2021, de -3% en 2022 y que podría llegar a -3.6% en 2023 (el nivel más alto desde 1990), derivado principalmente de la caída de los ingresos petroleros, la drástica caída del PIB en 2020, el aumento del gasto social y la falta de una reforma fiscal integral ya mencionada.
Aun con los antecedentes normativos prevalecientes en las finanzas públicas de México, como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), el Ejecutivo federal, lejos de apegarse a lo que ha sido su discurso oficial sobre el manejo de finanzas públicas sanas, ha utilizado el déficit público desde el inicio de su periodo de gobierno, provocando con ello el endeudamiento como alternativa para equilibrar el diferencial entre ingreso y gasto público.
El déficit fiscal provoca inconvenientes, tales como: el aumento en el nivel de deuda pública, generando presiones sobre las tasas de interés, el tipo de cambio y la inflación; reducción en la disponibilidad de recursos para atender las necesidades sociales, la inversión pública y las contingencias económicas; sobre todo, compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo, lo que puede afectar la confianza de los agentes económicos y el crecimiento potencial, además de afectar la calificación crediticia, sobre todo considerando que 2024 es el último año del presente gobierno y dejaría un reducido margen de maniobra para definir y desarrollar los proyectos del nuevo gobierno 2024-2030.
La LFPRH también establece la obligación de destinar los ingresos excedentes a proyectos de inversión o al pago de pasivos, la prohibición de contratar deuda para financiar gasto corriente y la publicación periódica de información financiera.
El déficit público puede tener efectos positivos o negativos sobre la economía, dependiendo de las causas y las circunstancias que lo originan. Por un lado, el déficit público puede estimular la demanda agregada, el crecimiento económico y la creación de empleo, si se destina a financiar gastos productivos, como la inversión pública, la educación o la salud. Por otro lado, el déficit público en lo inmediato implica endeudamiento, puede generar inflación, aumento de los tipos de interés y menor confianza de los agentes económicos, sobre todo si se debe a un exceso de gasto corriente, una baja recaudación tributaria o una mala gestión de los recursos públicos.
Presupuesto y política económica
En la economía contemporánea, pueden identificarse dos tipos de política económica por las que se decantan los gobiernos, la fiscal (keynesiana) y la de estabilización (monetarista). La política económica fiscal consiste en el conjunto de medidas que el gobierno adopta para gestionar sus ingresos y sus gastos, así como para influir en la actividad económica y la distribución del ingreso entre la población.
Así pues, la política económica fiscal privilegia el crecimiento y la distribución, por lo cual debe de fortalecer la recaudación fiscal y reducir el déficit público, lo cual implica que el gobierno está obligado a mejorar su capacidad para obtener ingresos tributarios, mediante una reforma fiscal que amplíe la base imponible, elimine las exenciones y los privilegios fiscales, combatiendo tanto la evasión como la elusión.
La política económica de estabilización se refiere al conjunto de instrumentos que el gobierno utiliza para controlar los niveles de inflación y desempleo, así como para evitar las fluctuaciones en las variables macroeconómicas y por consiguiente, las crisis, por lo cual debe de aplicar una política monetaria prudente y flexible, esto implica que el banco central debe mantener una tasa de interés adecuada para equilibrar los objetivos de inflación y crecimiento, así como para preservar la estabilidad financiera.
Además de lo anterior, el banco central debe contar con instrumentos para regular la oferta monetaria y la liquidez del sistema financiero, así como para intervenir en el mercado cambiario cuando sea necesario. Asimismo, el gobierno debe limitar su gasto corriente y optimizar el uso de los recursos públicos, para evitar un endeudamiento excesivo que comprometa la sostenibilidad fiscal.
Si bien es cierto que durante las últimas décadas en el mundo los gobiernos han aplicado una política económica mixta, combinando los aspectos que consideran más favorables de las políticas fiscal y monetaria., en México durante el periodo 2019-2023 y por lo contenido en el Paquete económico 2024, el Ejecutivo Federal ha mantenido una mezcla de dichas políticas, privilegiando en lo inmediato los efectos político electorales más favorables para su gobierno, dejando de lado los efectos económicos y financieros adversos que ello implique en el mediano y largo plazo, como ejemplo, “la disciplina financiera” aplicada durante la pandemia (no endeudamiento), así como evitar a toda costa una reforma fiscal, por los costos políticos que ello implica.
Presupuesto y déficit público
El principal componente del paquete económico es el presupuesto de egresos, el cual puede considerarse como el instrumento político de mayor relevancia, pues su elaboración, discusión, aprobación y ejecución, implica repercusiones para la inmensa mayoría de la población, porque es una estimación financiera anticipada de los gastos del sector público, que refleja las prioridades y objetivos del gobierno.
El análisis, discusión y en su caso aprobación del PEF debe de ser un ejercicio democrático para construir acuerdos; en la historia legislativa de México durante este siglo, pueden encontrarse diferentes experiencias que reflejan las discordancias expresadas entre las diferentes fracciones parlamentarias o coaliciones partidistas al interior de las respectivas cámaras, las cuales llegaron al extremo de suspender las negociaciones y no aprobar el PPEF. No obstante, prevaleció la búsqueda de coincidencias y se llegó a acuerdos que permitieron los PEF de diferentes ejercicios fiscales. Actualmente, eso quedó en la historia, debido a la instrucción para la mayoría en las cámaras, de “no cambiar ni una coma”.
La relevancia de dicho instrumento es determinante para cualquier gobierno, tal es el caso del presupuesto de egresos en los Estados Unidos de América, donde tiene una gran importancia política, ya que es el resultado de un proceso de negociación entre el presidente y el Congreso, que por lo regular representan diferentes visiones e intereses sobre el rol del Estado, la distribución de los recursos y la política económica; es un factor que influye en la estabilidad macroeconómica, el crecimiento, la deuda pública y el déficit fiscal del país.
Para ilustrar dicho ejercicio, puede mencionarse que la experiencia del Congreso de los Estados Unidos de América afirma que se podría suspender la actividad del gobierno si no hay acuerdo con el presupuesto y el déficit presupuestal porque es una consecuencia legal y política de no cumplir con su responsabilidad constitucional de aprobar las leyes que financian las operaciones del gobierno federal. Al momento de concluir este escrito el Congreso no había llegado a un acuerdo, de tal forma que a las 00.00 horas del domingo 1° de octubre, la Administración pública se quedará sin fondos, provocando el cierre de la mayoría de las agencias gubernamentales, museos y parques nacionales y 1,3 millones de militares, así como miles de funcionarios, dejarían de percibir su salario.
Algunas de las razones por las que el Congreso puede llegar a esta situación son la falta de consenso entre el presidente y el Congreso sobre las prioridades y objetivos del gasto público, especialmente en temas sensibles como la defensa, la salud, la educación y el medio ambiente; La presión de algunos sectores o grupos de interés que buscan influir en el proceso presupuestario para obtener beneficios o evitar recortes; La división interna dentro de los partidos políticos, especialmente entre el ala moderada y el ala radical, que dificulta la negociación y el compromiso; La proximidad de las elecciones presidenciales o legislativas, que aumenta la polarización y la competencia política entre los candidatos y sus partidos. Estados Unidos está en cuenta regresiva para evitar el cierre del gobierno, el ala dura republicana amenaza con provocar un cierre del Gobierno en EE. UU.
De igual forma, en México, la discusión y en su caso la aprobación del PEF debe de ser un proceso democrático en el que se deben de construir acuerdos, sin rehuir la discusión que exigen los intereses de los gobernados y que demandan apoyos para el campo, para la pesca, escuelas de tiempo completo, financiamiento para las MPyMEs, para la ciencia, cultura, el deporte, la seguridad, etc.
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024
Algunas de las cifras sobresalientes del PEF 2024 son el gasto neto total de 9.22 billones de pesos, lo que representa un aumento real de 11.1% respecto al estimado para 2023, que fue de 8.3 billones de pesos; con relación a 2023, el gasto programable, que excluye el costo financiero de la deuda y las participaciones a entidades federativas y municipios, se incrementa en 14.6% real; el gasto en desarrollo social se incrementa en 15.9% real, mientras que el gasto en inversión física se incrementa en 19.7% real.
El gasto programable es el conjunto de erogaciones que realiza el gobierno federal con fines específicos y que se asigna a las dependencias y entidades del sector público; la suma del gasto programable total asciende a 6 billones 446,400 millones de pesos (4.3% real, respecto al aprobado en 2023), y representa el 70.9% del gasto neto total.
Clasificaciones presupuestales
Existen diferentes clasificaciones presupuestales que se utilizan en forma universal; tales son la clasificación económica, clasificación administrativa y clasificación por objeto del gasto, que brevemente se desglosan a continuación.
Clasificación económica del gasto del PEF 2024
Entre los principales rubros de gasto destaca el gasto corriente, 7.35 billones de pesos (79.7% del gasto neto total); éste comprende los gastos destinados al funcionamiento de la administración pública, como servicios personales, gastos de operación, subsidios, pensiones y jubilaciones, entre otros; se destinan 1.08 billones de pesos (11.7% del gasto neto total), para gasto de inversión, que comprende gastos destinados a la creación o ampliación de la infraestructura pública, como inversión física, programas y proyectos de inversión, entre otros; el costo financiero de la deuda, 0.79 billones de pesos, (8.6% del gasto neto total), dicho costo consiste en los gastos destinados al pago de intereses y comisiones generados por el endeudamiento público.
Clasificación administrativa del PEF 2024
Esta clasificación del presupuesto agrupa el gasto público según las unidades responsables que lo ejercen. La suma de 1,000,000 millones de pesos (17.1% del gasto total), a los Poderes de la Unión; un monto de 263,000 millones de pesos (4.5% del gasto total), para Ramos Autónomos; La cantidad de 1,011,000 millones de pesos (17.3% del gasto total), a Ramos Administrativos; una asignación de 1,269,142.9 millones de pesos (21.6% del gasto total), para Ramos Generales; el monto de 1,688,433.6 millones de pesos (28.8% del gasto total), a Empresas Productivas del Estado, recursos destinados a cubrir el gasto de las entidades que realizan actividades económicas con fines lucrativos y que son propiedad del Estado, como Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE); finalmente, una suma de 113,000 millones de pesos (1.9% del gasto total) a Entidades de Control Directo.
Clasificación por objeto del gasto del PEF 2024
Esta clasificación agrupa el gasto público según el tipo de bienes y servicios que se adquieren o crean con los recursos públicos. Se destinan 5,849,869 millones de pesos distribuidos en nueve Capítulos, recursos destinados a cubrir los gastos de acuerdo con su naturaleza económica, tales como servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, transferencias, subsidios y otras ayudas, bienes muebles e inmuebles, inversión pública, inversión financiera, participaciones y aportaciones, deuda pública, entre otros.
PEF 2024 y proyectos de inversión
Los proyectos de inversión, que representan el 24.6% del gasto programable estimado para 2024, son aquellos que implican la creación, ampliación, mejoramiento o rehabilitación de la infraestructura pública o social, así como la adquisición de bienes de capital que contribuyan al desarrollo económico y social del país. Un monto de 1’017,847.9 millones de pesos, para Inversión física, 10.3% en términos reales respecto al aprobado para 2023. Estos recursos se asignan a los ramos administrativos, autónomos, generales y entidades paraestatales no empresariales, y se distribuyen en cuatro sub rubros: infraestructura, equipamiento, obra pública en bienes propios y otros proyectos.
Variaciones al alza en el PEF 2024 en relación al PEF 2023
Algunos rubros del gasto contenidos en el PPEF 2024, que reflejan mayor incremento en relación al PEF 2023 son:
Secretaría de Energía (Sener): 61,000.0 millones de pesos, 9.6% de incremento en términos reales respecto al aprobado para 2023. Estos recursos se destinarán principalmente a los proyectos prioritarios del gobierno federal, como la Refinería Dos Bocas, el Programa Nacional de Electricidad y el Programa Nacional de Hidrocarburos.
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena): 112,000.0 millones de pesos, 8.7% de incremento en términos reales respecto al aprobado para 2023. Estos recursos se destinarán principalmente a la ejecución de los objetivos prioritarios, las estrategias prioritarias, acciones puntuales y metas para el bienestar del Programa Sectorial de Defensa Nacional 2020 – 2024, así como a la administración de los recursos destinados a la Guardia Nacional.
Secretaría de Marina (Semar): 38,000.0 millones de pesos, 7.9% de incremento en términos reales respecto al aprobado para 2023. Estos recursos se destinarán principalmente a la ejecución de los objetivos prioritarios, las estrategias prioritarias, acciones puntuales y metas para el bienestar del Programa Sectorial de Marina 2020- 2024, así como a la participación en la seguridad pública y la protección civil.
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC): 67,000.0 millones de pesos, 6.3% de incremento en términos reales respecto al aprobado para 2023. Estos recursos se destinarán principalmente a la implementación del Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024, que tiene como objetivo garantizar la paz y la seguridad pública mediante una política integral que fortalezca el Estado de derecho, prevenga y combata el delito, proteja a las personas y sus bienes, y promueva una cultura de paz y respeto a los derechos humanos.
Secretaría de Turismo (Sectur): 8,000.0 millones de pesos, 122.2% de incremento en términos reales respecto al aprobado para 2023. Estos recursos se destinarán principalmente a los proyectos prioritarios del gobierno federal, como el Tren Maya y el Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos.
Variaciones a la baja en el PEF 2024 en relación al PEF 2023
Las dependencias que reflejan reducción en el gasto contenido en el PPEF 2024 en relación al PEF 2023 son las siguientes:
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader): 127,000.0 millones de pesos, 3.1% de reducción en términos reales respecto al 2023. Estos recursos se destinarían principalmente a los programas prioritarios del gobierno federal, como el Programa Producción para el Bienestar, el Programa Precios de Garantía, el Programa Crédito Ganadero a la Palabra y el Programa Fertilizantes.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat): 38,000.0 millones de pesos, 2.6% de reducción en términos reales respecto al 2023. Estos recursos se destinarían principalmente a la conservación y restauración del capital natural, la prevención y control de la contaminación ambiental, el cambio climático y la protección civil ambiental.
Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial (Sedatu): 18,000.0 millones de pesos, 1.1% de reducción en términos reales respecto al aprobado para 2023. Estos recursos se destinarían principalmente a los programas prioritarios del gobierno federal, como el Programa Nacional de Reconstrucción, el Programa de Mejoramiento Urbano y el Programa de Ordenamiento Territorial y Agrario.
Secretaría de Economía (SE): 18,000.0 millones de pesos, 1.4% de reducción en términos reales respecto al 2023. Estos recursos se destinarían principalmente a la promoción del desarrollo económico, el fomento a la competitividad, la innovación y el emprendimiento, el impulso al comercio exterior y la inversión extranjera directa, y el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Reflexiones finales
Después de una revisión grosso modo del PPEF 2024, resultan evidentes las incongruencias en el contenido de dicho documento; en primer término, porque adolece de un proceso de planeación (parte del ciclo presupuestal e indispensable en todo presupuesto), previo a su presentación final, ya que carece de los requerimientos más sentidos de la población en los diferentes ámbitos de la actuación pública, que van desde la salud, educación, seguridad, actividades económicas como lo agricultura, pesca, MIPMEs, etc. Dicha situación hace ver al PPEF como un mero trámite para formalizar y conformar disposiciones que datan de un lustro, muchas de las cuales no han podido demostrar su razón de ser y menos su costo beneficio para el país.
Por otra parte, se vislumbra la ausencia de una discusión sensata sobre la viabilidad o conveniencia en la reducción o incremento de determinadas partidas presupuestales que no estén consideradas desde las consignas emitidas del Ejecutivo Federal, previéndose la aprobación de recursos que difícilmente podrán beneficiar a la mayoría de los gobernados, que a excepción de los programas sociales como adultos mayores, seguirán siendo acciones asistenciales con claros propósitos electorales, sin menoscabo del efecto nocivo a las finanzas publicas y al futuro de México.
Como se refleja desde los CGPE, la Iniciativa de Ley de Ingresos y el PPEF 2024, es una propuesta sustentada en el déficit fiscal, que sin prejuicio alguno ahora se expresa y trata de justificarse en la posibilidad de resolverlo en el mediano plazo, en espera de los beneficios que puedan lograrse con el “nearshoring”, mismo que de acuerdo a las estimaciones mas recientes llevará de 5 a 7 años en reflejar sus resultados. En el mismo sentido o todavía mas grave es la perspectiva que presenta el endeudamiento, que en consecuencia del déficit presupuestal y la ausencia de la reforma fiscal, amenaza con reeditar la pesadilla de los años setenta y ochenta, que dejaron graves estragos en las finanzas públicas del país, mismas que llevo décadas superar, con grandes sacrificios, debido a las restricciones y esfuerzos que tuvieron que hacer generaciones de mexicanos, que seguramente recuerdan tan amarga experiencia, por lo que justamente se le denominó, “la década perdida.” P
Deja una respuesta