Revista del Pensamiento Político

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Cuén en sus Límites

(Apuntes para un análisis político)

La Universidad Autónoma de Sinaloa se encuentra en medio de un conflicto político serio, una crisis de dominio del grupo liderado por Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex rector de la Universidad en el periodo (2005-2009), cuyo mando se ha prolongado a través de otros tres rectores, Antonio Corrales Burgueño, Juan Eulogio Guerra Liera, reelecto una vez, y actualmente con Jesús Madueña Molina.  No obstante, el largo tiempo que Melesio Cuén ha tenido bajo su control a la Universidad en todos los órdenes de sus actividades institucionales, lo cual no era un secreto para nadie debido a la ostentación publica con que hacía gala de ese dominio, fue hasta ahora, en el gobierno de Rubén Rocha Moya, cuando el modelo autoritario que se aplica en la Universidad hizo crisis.

En la opinión pública prevalece la idea de que el conflicto se relaciona con diferencias políticas del gobernador con quién fuera un fuerte apoyo electoral en 2021 para que Rocha Moya alcanzara el triunfo y, en correspondencia, Cuén asumió el cargo de secretario de salud como pago a su apoyo en la campaña. Circula la especie de que el origen del pleito tiene que ver con el acatamiento de Rocha a las prioridades de López Obrador con respecto a los órganos autónomos que en general no son bien vistos por su jefe político. Algo más especulativo fija la atención en la reacción del gobernador a los enlaces que Melesio Cuén estaba haciendo, por su propia cuenta, para obtener la candidatura de Sinaloa al senado en el 2024, amarres políticos que ningún gobernador permite que un subalterno suyo lo haga en un solar que no le pertenece. Por una u otra razón, el gobernador decidió poner un hasta aquí a Melesio Cuén.

Sabedor de lo que muy pocas gentes ignoraban en el estado y más en los círculos políticos, Rocha Moya estaba enterado de que la fuerza real de Cuén estaba en el control que ejerce en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Seguramente conocía que ese poder emanaba del modelo autoritario que opera en la UAS basado en la Ley Orgánica de 2006, con la cual se eliminó la participación directa de estudiantes y maestros en el nombramiento de rector. Dichas exclusiones facilitaron a Melesio Cuén controlar el proceso de cambio de autoridades e igualmente al H. Consejo Universitario, lo que le ha permitido decidir los nombramientos no solo del rector, sino el de todos los directores de escuela y facultades.    

El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, reza una máxima muy conocida, y eso es lo que ocurrió en la Universidad Autónoma de Sinaloa, cuyas autoridades se han dedicado, con el cobijo de la autonomía, a construir una fuerza política imbatible en el interior de la Universidad, que al mismo tiempo les permitiera extender su dominio fuera de la institución.

No se puede negar que tanto en el frente interno como en el externo el grupo político de Melesio Cuén ha tenido éxito. Esos buenos resultados no se pueden explicar si no se considera la permisividad que encontraron en los diferentes gobiernos con que han tratado, particularmente con el de Jesús Aguilar Padilla, quien mandó aprobar una ley a modo para que Cuén hiciera y deshiciera en la UAS.

Gracias a la fingida indiferencia que los sucesivos gobiernos dispensaron a Cuén y a su grupo, se dispusieron a dar un paso atrevido pero necesario para los objetivos que buscaban. Crear un partido político con el doble propósito de consolidar el control universitario y tener condiciones para extender el dominio de Melesio Cuén hacia otros ámbitos. De esa manera nace el PAS, Partido Auténtico Sinaloense, brazo externo de Melesio Cuén con el que participa en la vida política del estado.      

El crecimiento del PAS fue vertiginoso gracias a la plataforma universitaria, convirtiéndose en un factor real que otras fuerzas políticas buscaban como aliado electoral. Obtuvo ayuntamientos, diputaciones locales y otras posiciones en varios municipios. Con esa dinámica acuerdan una alianza electoral con Morena en el 2021, con la cual obtuvieron resultados favorables. Bajo tales circunstancias, no era esperable un escenario como el actual en el que se observa un fuerte choque entre el gobernador Rocha Moya y el jefe político del PAS Melesio Cuén Ojeda.

Crónica de un conflicto no anunciado

Los primeros episodios tuvieron de escenario el Congreso del Estado y las autoridades universitarias, el motivo aparente fue la aprobación de la Ley General de Educación del Estado de Sinaloa, la que, según esos directivos, permite la violación de la autonomía universitaria y por tanto es inconstitucional toda vez que abre la posibilidad de que actores de la sociedad o los mismos diputados y/o partidos puedan deliberar y aprobar cambios en la legalidad universitaria sin las condiciones que la institución educativa reclame. De llevarse a cabo ese proceso legislativo, atentaría contra la autonomía universitaria, alegaron las autoridades de la Universidad.

La legislatura actual anunció que llevaría al pleno de la Cámara la discusión de la Ley Orgánica vigente de la Universidad, información que alarmó a los dirigentes universitarios, quienes se opusieron inmediatamente a esa posibilidad. El tema llegó a los medios y fue ahí en donde realmente se dio el debate concentrado en dos puntos, el derecho de la Universidad a participar en el caso, el cual nunca había sido negado, y la atribución reclamada por las autoridades universitarias de ser el único sujeto legal para decidir sobre los contenidos de ese tema. Aspecto que nunca quedó suficientemente aclarado.

La condición autonómica de cualquier institución pública no le cancela la soberanía a ningún órgano legislativo, pretensión implícita en la postura de los dirigentes políticos de la Universidad quienes en su alegato compiten contra la atribución superior de los legislativos que en última instancia son los representantes de la soberanía popular, es decir, encima de esa facultad no existe poder alguno legal que la anule. La soberanía estatal tiene la facultad exclusiva de emitir leyes sin tener que rendir cuentas a otro poder legal, a menos que no observe la normatividad que la sujeta.

Las autoridades de la Universidad se extralimitan en sus posturas y exigencias bajo el manto de la autonomía. Pretende imponer su dominio basados en esa condición cuando es notoriamente improcedente puesto que la institución educativa es mandatada por la soberanía no mandante de la misma. Un aspecto que exhibió la pretensión sin fundamento legal de las autoridades universitarias de imponer al Congreso el sentido y la letra de las leyes que de ahí emanen, fue con motivo de si el legislativo estaba autorizado a celebrar una consulta a la sociedad sobre el asunto de la Ley Orgánica, lo que de inmediato fue respondido por los dirigentes políticos de la Universidad cuando sacan un acuerdo en el Consejo Universitario en el que se sostiene que será este órgano colegiado el único que puede consultar, debatir y decidir acerca de la Ley Orgánica de la Universidad y de sus posibles modificaciones para su posterior envío al Congreso para ser aprobadas sin quitarles ni una coma. La contradicción por evidente no necesita más comentarios.  

El manto legaloide con el que se protegen las autoridades de la UAS, no lo usan para defender sus quehaceres institucionales, sino para cubrir sus actividades políticas dentro y fuera de la Universidad, que pueden ser agrupadas en tres aspectos, el control de los procesos de nombramientos de autoridades, el resguardo de la casa matriz de un partido político y el uso de recursos de todo tipo para las actividades políticas de líder de ese grupo político que por cerca de 20 años ha tenido la Universidad en sus manos.

Los siguientes episodios han puesto en el centro del escenario a la corrupción. Sin duda que el tema provoca más curiosidad en la opinión pública. La discusión sobre los cambios a la Ley Orgánica no es ahora la nota principal, sin embargo, sigue siendo el principal problema. En efecto, la confrontación en el Congreso pareció haberse empantanado, me parece que no se planteó la discusión en los mejores términos. Los líderes del Congreso no acertaron sobre los acentos a los que había que dar relevancia. La salida fue dirigir las baterías al terreno de la corrupción, menos edificante pero quizás más prometedor.

La discusión de los lideres políticos de la UAS en este campo no es robusta, al parecer hay pruebas suficientes que muestra ese tipo de latrocinios. Razón por la que se han visto obligados a sacar a los estudiantes a la calle. La bandera de esas demostraciones es la defensa de la autonomía. Aquí también el discurso de gobierno es pobre. Incluso universitarios que no son afectos al dominio de Cuén en la UAS, se ponen al lado de los supuestos defensores de la autonomía.

La corrupción no define a la institución, marca a sus autoridades solamente. Ese mal, por más dañino y escandaloso que pueda ser, es resultado de, no causa de algo. La corrupción es una anomalía personal, las leyes son el perfil de una institución. La Ley Orgánica de 2006 es la cobertura legal para que la Universidad fuera usada como instrumento de poder y venero de riquezas mal habidas. Si en la UAS hay corrupción hay que acabarla con la ley en la mano, pero eso no resuelve de fondo el problema mayor, el uso político y patrimonialista que se ha venido dando en la Universidad desde hace dos décadas.

Vale insistir, por tanto, en el cambio de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa.


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